El 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la nueva Ley 10/ 2012 de Tasas, que afectaba a los pleitos civiles, Laborales y Contencioso-Administrativos, curiosamente queda exenta de tasas la jurisdicción penal, que abarca un 70% de los asuntos que ingresan en los Tribunales, si bien no se aplicarán a todos los procedimientos.
Las tasas se componen de una cantidad fija y otra variable. La fija oscila entre los 100 euros que cuesta un procedimiento monitorio (una reclamación a un vecino moroso) a los 1.200 de un recurso de casación ante la Sala de lo Civil o de lo Contencioso del Tribunal Supremo. La variable supone entre un 0,25 y un 0,5 por ciento de la cuantía procesal.
Los beneficiarios de justicia gratuita no deberán pagar tasas, y aunque la Ley de justicia gratuita se pretende modificar en breve , actualmente pueden acceder a ella los que ganen menos del doble del salario mínimo interprofesional por unidad familiar.
Tras la avalancha de críticas surgidas desde todos los sectores afectados , el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la misma reduciendo en un 80 por ciento el tramo variable de las tarifas para las personas físicas y adelanta la aplicación del Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita para eximir de las mismas a colectivos como mujeres maltratadas, víctimas del terrorismo, menores desprotegidos o discapacitados.
